La reciente actividad en el Congreso de los Diputados —impulsada por iniciativas y modificaciones legislativas promovidas por formaciones como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y respaldadas por distintos sectores jurídicos— ha vuelto a poner bajo los focos el encaje de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), en particular en ámbitos tan sensibles como el derecho de familia y los procesos con menores.
Si bien el debate político y técnico se centra legítimamente en evitar disfunciones y proteger intereses superiores —como los de niños, niñas y adolescentes en situaciones de crisis familiar—, existe el riesgo de arrojar “el agua de la bañera junto con el agua sucia”. Cuestionar la obligatoriedad o los plazos de ciertos trámites previos no debe convertirse en un ataque frontal ni en un descrédito hacia la mediación, la conciliación y la negociación. La cultura del acuerdo sigue siendo el único antídoto real contra la congestión crónica de los tribunales.
El valor insustituible de los MASC en el Estado de Derecho
Los MASC no son meros trámites burocráticos ni obstáculos administrativos ideados para retrasar el acceso a la tutela judicial efectiva. Son herramientas de pacificación social que trasladan el protagonismo de la solución del conflicto a las propias partes:
Soluciones a medida: Frente a la rigidez de una sentencia judicial —donde lógica y frecuentemente "alguien gana y alguien pierde"—, los MASC permiten acuerdos creativos, flexibles y adaptados a las necesidades reales de los implicados.
Reducción de la carga judicial: Los juzgados españoles soportan una litigiosidad estructural insostenible. Fomentar vías extrajudiciales aligera el colapso de los tribunales, permitiendo que los recursos públicos se concentren en lo que de verdad requiere la intervención de un juez.
Preservación de relaciones: Especialmente en el ámbito mercantil, civil o vecinal, la mediación evita la destrucción definitiva de los vínculos comerciales o personales, promoviendo un entendimiento duradero.
La trampa del falso dilema: urgencia frente a diálogo
El núcleo de la crítica política y de sectores profesionales —como la abogacía de familia— hacia la aplicación indiscriminada de los MASC radica en los supuestos de urgencia o en aquellos contextos donde la asimetría de las partes y la protección de niños, niñas y menores exigen una respuesta judicial inmediata (pensiones alimenticias, medidas cautelares o atribución del uso de la vivienda familiar).
Sin embargo, matizar, corregir o exceptuar supuestos muy tasados de los MASC no invalida su eficacia general. Confundir el ajuste de una norma procesal con la inutilidad de la herramienta es un error analítico grave.
Flexibilidad frente a rigidez: Una cosa es legislar excepciones lógicas para asuntos urgentes o de protección de menores, y otra muy distinta es deslegitimar el diálogo previo en el 90% restante de los litigios civiles y mercantiles donde la mediación es indiscutiblemente beneficiosa.
Responsabilidad de los operadores jurídicos: El éxito de los MASC exige un compromiso real de abogados, jueces y mediadores. El rechazo a imposiciones mal calibradas debe servir para perfeccionar el sistema, dotándolo de recursos, formación y agilidad, no para retornar al enfrentamiento judicial sistemático como única vía cultural.
Hacia una justicia sostenible del siglo XXI
La modernización de la justicia no se logra cerrando la puerta a los métodos alternativos, sino refinándolos. La mediación y los MASC representan el tránsito de una justicia decimonónica, basada en la confrontación procesal y el desgaste emocional y económico, a una justicia restaurativa y colaborativa.
El debate parlamentario actual debe interpretarse en su justa medida: una llamada de atención sobre la necesidad de cuidar la técnica legislativa para que las garantías procesales y la protección de los más vulnerables convivan en armonía con la eficiencia extrajudicial. No permitamos que la coyuntura política degrade el avance cultural más importante de la justicia española en los últimos años.
